EL ARTE DE LA FUGA
Detrás de la fuga de un integrante de la banda del “Gordo” Valor y de los paraguayos acusados de asesinar al ex vicepresidente Luis Argaña se teje una historia en donde las internas policiales y políticas van de la mano. El papelón demuestra que existe una Maldita Policía Federal capaz de hacer caer al jefe actual de la fuerza y que por consecuencia, su caída arrastre al ministro del Interior.
Al comisario general Rubén Santos la idea no lo deja dormir. Está convencido de la participación de ex jerarcas de la Federal en la fuga de Daniel “Tractorcito” Cabrera y los paraguayos Fidencio Vega Barrios y Luis Rojas. El jefe de los azules tiene la certeza de que los duros que deseaban ocupar su puesto, y ahora están afuera, operan en su contra. La guerra no es nueva y comenzó apenas asumió Santos, los primeros días de enero. Desde ese momento la paranoia invadió el despacho del policía. Cree que conocen todos sus movimientos, no confía en nadie y se ve rodeado de conspiradores. Sus aliados están casi con exclusividad en el terreno político. Tanto el Secretario de Seguridad, Enrique Mathov, como el ministro del Interior, Federico Storani apuestan por diversos motivos por la imagen de legalista de Santos. Sin embargo, la interna de la Federal quedó una vez más al descubierto cuando Cabrera y los paraguayos salieron por la puerta principal del Departamento de Policía, sin disparar un solo tiro, y se subieron a un Ford Escort que los esperaba en la calle, dejando en ridículo a todo un gobierno.
La
historia de la fuga pone en evidencia la complicidad policial y de cierto sector
de la Inteligencia local que jugó su propia interna. Todo esto fue aprovechado
por Cabrera, un hombre con un gran prontuario, integrante de la banda de Luis
“el Gordo” Valor y un especialista en robo de bancos y fugas espectaculares.
La mejor pista que posee la investigación que lleva a cabo el juez federal
Gabriel Cavallo la aportó “Tractorcito” cuando le dijo a una periodista de
Clarín que por su fuga de la cárcel de Devoto del 26 de julio de 1998 le pagó
al Servicio Penitenciario Federal cien mil pesos. Estas palabras provocaron el
traslado del detenido de Batán a la Alcaidía del Departamento Central de Policía,
de donde no tardó en fugarse. La afirmación de Cabrera iba a ser fundamental
en la causa que lleva adelante el juez Alberto Baños, en la que investiga las
actividades ilegales que realiza el Servicio Penitenciario utilizando presos
para robar y arreglar salidas. Un día antes de ver al magistrado
“Tractorcito” decidió partir. La realidad, por su parte, le dio la razón
al ladrón y se estima que por esta nueva fuga se pagaron más de 300 mil pesos
a varios pesados de la Federal que pretenden desplazar a Santos. Los ojos del
jefe máximo no dejan de observar al muy cuestionado ex Superintendente de
Seguridad Metropolitana, comisario general Roberto Galvarino, y a los encargados
de las Superintendencias de Investigaciones, comisario mayor Eugenio Alvarez
García; y a la de Interior, comisario general Carlos Alberto Zoratto. Galvarino
debió renunciar luego de declarar en los Tribunales, después de conocerse su
actuación de aquella noche. El comisario llegó al lugar antes que la noticia
recorriera todos los medios del país y le pidió a varios detenidos que
mintieran en sus testimonios para que la Federal no se viera desprestigiada
internacionalmente. Los investigadores tienen la certeza, al igual que Santos,
que Galvarino trato de salvar su comprometida participación en el tema. No
creen el la teoría de la negligencia y apuntan sus cañones a un escenario
totalmente armado por los azules. La justicia involucró a más de 30
uniformados en el hecho y lo único que une a los dos bandos policiales es la
desesperación por hallar a los fugados. El jefe de la Policía los quiere vivos
para conocer el nombre de los traidores y recuperar terreno, los que cobraron la
plata los quieren muertos para que no quede involucrada más gente. Cabrera sabe
esto mejor que nadie, por eso los días posteriores a la huida se guardó en un
lugar muy cercano al Departamento de Policía y luego se separó de los
paraguayos para irse al sur. El camino de los hombres acusados de matar al
vicepresidente del Paraguay, Luis Argaña, es más incierto. Se los relaciona
con el general golpista Lino Oviedo y sus vidas carecen de todo valor. Los
opositores a Oviedo aseguran que lo único que se va a encontrar de ellos son
sus cadáveres.
Todos
los duros de la Federal consideran a Santos un blando. Un tipo poco operativo y
sin ningún mérito de conducción. Antes de asumir manejaba la Superintendencia
de la Policía Científica y era considerado un garantista. El anterior número
uno, el comisario general Pablo Baltazar García era un hombre de absoluta
confianza del por entonces Secretario de Seguridad menemista, ex jefe máximo de
los uniformados y actual capo de Seguridad de Aeropuertos 2000, Adrián
Pelacchi. El verdadero líder, detrás de García. Todas las decisiones pasaban
por él. Y en consecuencia la lógica indicaba que el sucesor de García debía
ser un hombre del riñón de Pelacchi. Por ese entonces, los nombres que más
sonaban eran los del Superintendente de Investigaciones, comisario general
Osvaldo “el Gato” Vázquez y el del subjefe de la fuerza, comisario Héctor
Mario Data. Los azules tenían la absoluta convicción de que las cosas iban a
suceder de esa manera y que la Alianza iba a ceder a sus presiones. La realidad
desmoronó los sueños de muchos y fue el comienzo de la guerra. Los primeros
enfrentamientos se produjeron un día antes de la asunción de Santos, el 6 de
enero en plena jefatura Vázquez insultó a García e intentó pegarle por haber
entregado la conducción de la Federal a los políticos del nuevo gobierno. Los
duros llegaron a planear, por aquellos días, un procedimiento en donde se
secuestrara cocaína en el despacho de Santos. La mayoría de los pesados no
asistió al traspaso de mando y juró venganza. Sus objetivos eran claros:
desestabilizar al nuevo líder a como de lugar y retomar el control de la
fuerza.
Sin
lugar a dudas, la operación que lleva su sello es la realiza en abril, cuando
se reprimió con gran violencia una manifestación de la CGT de Hugo Moyano en
la Plaza de los Dos Congresos, en horas de la noche y se hirió de gravedad a
varios manifestantes. Hasta el secretario general de los Judiciales, Julio
Piumato recibió un tiro. A Santos nadie le sacó de la cabeza que los ideólogos
de esa maniobra eran los duros. También se dio cuenta del escaso control que
tenía sobre su propia tropa. Los desplazados se organizaron enseguida y
trataron de que sus hombres ocuparan cargos claves. Tenían como prioridad
defender la recaudación ilegal que tantos dividendos le aportaba. Algunas
versiones afirman que muchos se relacionaron con Mathov, como sería el caso del
ex jefe de Seguridad Metropolitana, Luis Fernández. O actuarían desde afuera y
con un gran peso sobre la tropa, como lo señalan al ex capo de Drogas
Peligrosas, Jorge "Pipo” Infante. Un ex comisario despedido por Santos y
actual abogado de apellido Rivero sería el nexo entre los desplazados y los
hombres que desde adentro se mantienen fieles a los complotados. El informe que
viene elaborando el encargado de la Superintendencia de Asuntos Internos,
comisario Antonio Gallo señalaría que varios echados movieron influencias para
facilitar la fuga. El resultado no podría haber sido mejor. Santos se transformó
en el responsable de un papelón histórico.
UNOS AMIGOS MUY ESPECIALES
El
ex policía detenido por la causa AMIA, Diego Barreda, quien también se
encontraba detenido en la Alcaidía en el momento de la fuga, declaró que la
relación entre los guardiacárceles y los detenidos era muy cordial. Se
llamaban por los apodos y la seguridad estaba muy relajada. Mencionó que para
escaparse del lugar sólo era necesario que un auto lo esperara en la puerta del
edificio. A pesar, de haber intentado impedir el hecho, por eso fue golpeado, el
juez Cavallo sospecha del teléfono celular que desde el 28 de agosto poseía en
su celda y desde el cual los fugados mantuvieron varias comunicaciones. Ese
aparato todavía no apareció y lo que es peor las comunicaciones que mantuvo
con su mujer indican que estaba al tanto de la operación. Las conversaciones señalan
que Barreda quería fugarse y hasta llegó a decir que estaba a punto de
suicidarse por culpa de tanto encierro. Sin embargo, es poco probable que
“Tractorcito” incluyera a un policía en sus planes. Todo estaba preparado
desde hacía aproximadamente quince días. Esta versión era conocida por el
gobierno de Paraguay. Un informe de la Inteligencia paraguaya alertaba a sus
pares argentinos de una posible huida. Los servicios secretos de ese país sabían
que gente cercana a Oviedo visitaba a los detenidos y les facilitaba cierto
dinero. Cabrera se fue con ellos porque le prometieron plata una vez que
recuperaran la libertad.
La
policía hizo todo lo posible para que se escaparan. Había una zona liberada,
por la cual se culpó a los integrantes de la comisaría sexta, con jurisdicción
en esa parte de la ciudad y se tardó más de media hora en avisar la huida.
Santos está tan convencido de la participación de varios azules que a los
involucrados en el expediente les quitó el patrocinio de los abogados de la
Federal. La SIDE también jugó sus cartas. Muchos espías conocían la
preparación de la fuga pero decidieron callar. A ellos les convenía que el
bochorno alcanzara a Storani, un hombre totalmente enemistado con Fernando De
Santibañes, y era una especie de vuelto por la renuncia obligada de Román
Albornoz un ex espía cercano al banquero y caído en desgracia por una fallida
operación contra el ministro del Interior. Está muy claro que la fuga fue
arreglada con cierto sector de la policía y que cierta parte del gobierno la
utilizó para ganar terreno en su propia interna. Seguramente “Tractorcito”
Cabrera jamás imaginó que tanta gente podía unirse para beneficiarlo.